1. De las directivas a un reglamento de aplicación directa

La Comisión Europea plantea un reglamento con el objetivo de homogeneizar la contratación pública a escala europea y facilitar la participación de empresas en pujas transfronterizas. A diferencia de una directiva, un reglamento es de aplicación directa a los Estados miembros, sin necesidad de una transposición previa a la normativa estatal.

2. ¿Qué contratos afectaría?

La propuesta se aplicaría a la contratación armonizada. Los umbrales recogidos en el texto son los siguientes:

• 5.404.000 €: contratos públicos de obras y concesiones, tanto obras como servicios.
• 140.000€: contratos públicos de suministros y servicios adjudicados por autoridades de la Administración central del Estado.
• 216.000 €: contratos públicos de suministros y servicios adjudicados por autoridades contratantes subcentrales, tales como administraciones autonómicas y locales y entidades de derecho público dependientes.
• 432.000 €: contratos públicos de suministros y servicios adjudicados por entidades que operan en los sectores del agua, energía, transportes y servicios postales.
• 750.000€: contratos de servicios específicos de carácter social, sanitario y educativo.

3. Cuatro grandes objetivos de la propuesta

La propuesta busca modernizar y unificar la contratación pública en la Unión Europea a partir de cuatro ejes principales:

• Simplificación normativa. Fusiona a las tres directivas de 2014 en un único reglamento de aplicación directa e introduce procedimientos más flexibles para reducir la burocracia y facilitar el acceso de las pymes.
• Más peso de la calidad y la sostenibilidad. El criterio del precio más bajo pierde protagonismo en favor de la mejor relación calidad-precio, impulsando los requisitos ambientales, sociales y de innovación.
• Preferencia europea y seguridad. El texto refuerza la seguridad de suministro en sectores e infraestructuras críticas y contempla mecanismos para favorecer empresas y productos de la UE frente a países terceros que no ofrezcan reciprocidad.
• Un ecosistema digital único. La propuesta centraliza los datos en un repositorio europeo común y simplifica las cargas administrativas mediante el principio de presentar los datos una sola vez.

4. Menos procedimientos y más espacio para la negociación

La negociación gana peso en la contratación pública y el número de procedimientos se reduce de forma notable. La propuesta plantea cuatro tipos:

• Procedimiento abierto. Permite que cualquier operador presente una oferta desde el inicio, con la posibilidad de incluir o no criterios de selección y llevar a cabo negociaciones.
• Procedimiento dinámico. Los operadores se incorporan primero a un repositorio de proveedores y posteriormente pueden ser invitados a licitar o negociar contratos individuales derivados de este marco.
• Procedimiento de innovación. Está pensado para abordar retos sociales mediante el desarrollo, prueba y compra final directa de soluciones innovadoras que todavía no existen en el mercado.
• Procedimiento especial o adjudicación directa. Permite contratar directamente, sin previa competición, en situaciones de emergencia o crisis, de exclusividad técnica o artística, o cuando existen derechos de propiedad intelectual.

5. La calidad gana peso en la adjudicación

La mejor relación calidad-precio se refuerza como criterio rector de la contratación. La propuesta establece que los criterios de calidad deberían representar, al menos, el 30% de los criterios de adjudicación y, en los contratos intensivos en mano de obra, un mínimo del 50%. También prevé explícitamente la posibilidad de pujar a precio fijo, de modo que los operadores económicos compitan únicamente en base a criterios de calidad.

Entre estos criterios, el texto incluye:

• Ambientales. Reducción de emisiones, economía circular -durabilidad, reciclaje y reutilización-, eficiencia energética, protección de la biodiversidad, alimentación sostenible y uso preferente de la etiqueta ecológica de la UE (EU Ecolabel).
• Sociales y laborales. Integración laboral de colectivos desfavorecidos, condiciones de trabajo dignas, apoyo a la negociación colectiva, accesibilidad universal, igualdad de género, derechos humanos en la cadena de suministro y reserva de procedimientos para la economía social.
• De innovación. Resolución de retos sociales mediante especificaciones funcionales o variantes, promoción del software de código abierto y uso obligatorio del Building Information Modelling (BIM) en obras de más de 25 millones de euros.
• De seguridad, resiliencia y preferencia europea. Requisitos de ciberseguridad, protección de infraestructuras críticas, planes de continuidad de suministro y posibilidad de favorecer o restringir contratos en favor de bienes y operadores de la UE.

6. ¿Qué ocurre con la economía social y las pymes?

La economía social aparece de forma preocupante sólo dos veces en el conjunto de la propuesta. El texto la identifica como un ámbito a fomentar como objetivo estratégico, como una finalidad social que los compradores públicos pueden incorporar mediante especificaciones, criterios de adjudicación o condiciones de ejecución del contrato, vinculándola también directamente a la promoción de la vivienda social y asequible. Una de las principales novedades se encuentra en la redefinición de los contratos reservados. Según la propuesta, se eliminaría la limitación de tres años vinculada a la disposición adicional 48 y las potenciales licitadoras deberían tener la condición de entidades sin ánimo de lucro.

Por lo que respecta al acceso de las pymes, la propuesta insiste en el establecimiento de lotes en los contratos, habilita la posibilidad de pagos adelantados e incorpora una nueva limitación de solvencia económica de un máximo del 50% del valor estimado del contrato (VEC). Asimismo establece la posibilidad de no exigir solvencia técnica ni económica mínima cuando no sean indispensables, considerando que es la mejor forma de retirar una de las principales cargas de acceso. Por último, propone la creación de un registro único —articulado mediante el servicio de elegibilidad electrónica y la credencial digital de empresa— que reduce las barreras administrativas para las PYMES al centralizar la verificación de su documentación y situación legal.

7. Los datos y la profesionalización, también en el centro del cambio

La propuesta convierte la gestión de los datos en un eje central para superar la actual fragmentación digital, mejorar la transparencia y automatizar el seguimiento de los contratos públicos en toda la Unión Europea. La creación de un espacio nacional de datos permitiría analizar de forma sistemática la competencia real, la participación transfronteriza, el acceso de las pymes y los resultados de las políticas estratégicas o de seguridad de suministro.

También se refuerza la formación y profesionalización de los compradores públicos como instrumentos para garantizar la integridad y la eficiencia del gasto. El texto plantea que los Estados miembros desplieguen estrategias nacionales a largo plazo y estructuras de apoyo -como centros de competencia u oficinas de asistencia- adaptadas a las administraciones con menor capacidad. Igualmente, promueve la actualización y reciclaje profesional de las personas que ejecutan los contratos como criterio de impacto social.

8. Hacia una contratación pública más estratégica

En conjunto, la propuesta refuerza la idea de contratación estratégica: integrar objetivos clave de la Unión -como la sostenibilidad ambiental, la inclusión social, la innovación y la seguridad económica- en el diseño, adjudicación y ejecución de los contratos públicos, con el objetivo de convertir el gasto público en una herramienta de inversión de impacto.

Desde el Centro de Estudios por el Impulso de la Contratación Estratégica y Responsable de Cataluña continuaremos analizando la evolución de la propuesta e impulsando servicios y acciones vinculados a la contratación estratégica . En este contexto, ámbitos como la formación, el asesoramiento y el análisis de datos e informes en contratación pública ganan aún mayor relevancia.