La crisis económica global del 2008 y la crisis sanitaria del 2020 han sido un punto de inflexión que ha sacudido los cimientos de la economía mundial. Sus repercusiones no se han limitado solo al terreno financiero, sino que han transcendido, provocando una profunda crisis política y social que ha puesto en cuestión las bases del estado del bienestar.

Ante este escenario complejo, es imperativo que los poderes públicos se comprometan a impulsar respuestas innovadoras que aborden los desafíos económicos, sociales y medioambientales contemporáneos. La Unión Europea (UE) ha reconocido esta necesidad y ha decidido apostar activamente por la economía social y solidaria como una posible vía para dar respuesta a las exigencias crecientes de los ciudadanos europeos, que reclaman un impacto más ético y social en sus actividades laborales, de consumo, ahorro e inversión.

La Resolución del Parlamento Europeo del 2009 sobre economía social ha establecido los cimientos de este movimiento, definiendo los valores y características que tienen que guiar las empresas de economía social. Estas entidades se distinguen para poner la persona y el objeto social por encima del capital, defender la solidaridad y la responsabilidad, y promover un control democrático y una gestión autónoma, entre otros aspectos.

Además, la Estrategia Europea 2020, adoptada por el Consejo Europeo, marca el camino hacia una economía europea renovada, priorizando el desarrollo basado en el conocimiento y la innovación, la sostenibilidad ambiental y la inclusión social. En este sentido, la economía social emerge como una pieza clave para conseguir estos objetivos, puesto que promueve un crecimiento más sostenible e integrador.

Es evidente que la economía social no solo es una respuesta a los desafíos del presente, sino también una oportunidad para construir un futuro más justo. Hay que seguir impulsando este modelo económico, desarrollando instrumentos para mejorar su visibilidad y evaluar el impacto y la rentabilidad social. Solo así podremos afrontar con éxito los retos del siglo XXI y garantizar un futuro próspero y equitativo para todo el mundo.

El proyecto de ley de economía social de Cataluña

El proyecto de ley de economía social en Cataluña, es una iniciativa que merece ser reconocida y analizada con profundidad.

“La economía social, basada en los valores de solidaridad, cooperación y sostenibilidad, puede representar una alternativa potente al modelo económico predominante, especialmente en un contexto de creciente desigualdad y preocupación por el medio ambiente.”

Esta propuesta legislativa, que busca promover y regular las empresas sociales, cooperativas, mutualidades y otras entidades de la economía social, tiene el potencial de generar un impacto significativo en varias áreas de la sociedad catalana.

En primer lugar, la economía social puede ser un motor clave para la creación de ocupación digna y de calidad. Las empresas sociales y las cooperativas tienen una estructura de gobierno democrática y suelen hacer hincapié en el bienestar de los trabajadores y en la inclusión de colectivos vulnerables al mercado laboral. Esto contribuye a reducir el paro y a mejorar las condiciones laborales para muchos catalanes y catalanas.

Por otro lado, la economía social fomenta la participación ciudadana y la implicación de las comunidades en los procesos de toma de decisiones económicas. A través de las cooperativas de consumo, los bancos éticos y otras iniciativas, los ciudadanos pueden tener un papel activo en la construcción de una economía más justa y equitativa.

Otra ventaja de la economía social es su capacidad para promover la sostenibilidad ambiental. Muchas empresas sociales tienen un compromiso firme con la protección del medio ambiente y optan por prácticas de producción más respetuosas con el planeta. En un momento en que la crisis climática es una realidad ineludible, el fomento de este tipo de empresas es más urgente que nunca.

Sin embargo, para que el proyecto de ley de economía social en Cataluña tenga éxito, es crucial que se acompañe con otras medidas de apoyo. Hay que garantizar el acceso a financiación para las empresas sociales, así como proporcionarlos asesoramiento y formación en gestión empresarial. Además, es necesario fomentar la investigación y la innovación en este ámbito para impulsar el crecimiento y la competitividad de las empresas sociales.

El proyecto de ley de economía social en Cataluña representa una oportunidad emocionante para transformar el modelo económico de nuestro territorio. Con un enfoque adecuado y el apoyo necesario, la economía social puede contribuir de manera significativa a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y sostenible en Cataluña.

Impulsar el reconocimiento legal de las empresas sociales: un paso hacia una economía más justa y equitativa

En medio del panorama económico y social que nos rodea, es evidente que hay que abordar nuevas formas de organización empresarial que no solo busquen la generación de beneficios, sino que prioricen su incidencia social y el bienestar colectivo. Es en este contexto que las empresas sociales y solidarias emergen como una alternativa prometedora, a pesar de que a menudo se enfrentan a obstáculos legales que limitan su desarrollo y reconocimiento.

La Comisión Europea ha definido la empresa social como aquella entidad que, más allá de su dimensión o sector de actividad, pose su principal atención al generar un impacto social positivo, utilizando sus excedentes principalmente para finalidades sociales y manteniendo una gestión transparente y responsable. Esta definición pone de manifiesto la importancia de reconocer legalmente este tipo de entidades y proporcionarlos un marco jurídico adecuado que los permita operar con seguridad y eficacia.

La Resolución del Parlamento Europeo de 2018 sobre un estatuto para las empresas sociales y solidarias insta a avanzar hacia un mejor reconocimiento de este concepto, estableciendo una definición jurídica de base que facilite su identificación y permita su desarrollo. Esta resolución reconoce el importante papel que juegan estas empresas en la economía europea, destacando su resiliencia ante las crisis, su potencial innovador y su contribución a la creación de ocupación digna e inclusiva.

A pesar de la diversidad jurídica que existe entre las empresas sociales y solidarias, es fundamental establecer unos criterios comunes que permitan identificarlas y garantizar que cumplen con sus objetivos sociales. Esto no solo proporcionaría claridad legal, sino que también reforzaría la confianza en este modelo de empresa.

Es por eso que reconocer legalmente las empresas sociales y solidarias es un paso esencial hacia la construcción de una economía más justa, inclusiva y sostenible. A través de un marco jurídico adecuado, podremos fomentar el crecimiento de estas entidades y potenciar su impacto positivo en la sociedad. Es hora de actuar de manera decisiva para impulsar un cambio real hacia un modelo económico que priorice el bien común y el desarrollo sostenible.

Es esencial diferenciar las empresas sociales y solidarias de la responsabilidad social de las empresas (RSE). A pesar de que algunas empresas comerciales pueden estar vinculadas al emprendimiento social a través de la RSE, es importante entender que el objetivo fundamental de las empresas sociales no es la generación de beneficios para las personas propietarias o socias, sino el impacto social positivo.

Si las políticas públicas quieren promover la Economía Social, tienen que adoptar medidas concretas de apoyo, como la concesión de subvenciones e incentivos fiscales, para promover su desarrollo y contribuir a su crecimiento y creación de ocupación.

Fomentar las empresas sociales y solidarias es más que una cuestión económica, es una cuestión de justicia social y sostenibilidad. Es hora que los gobiernos y las instituciones reconozcan el valor de estas entidades y los proporcionen el apoyo necesario para que puedan seguir contribuyendo de manera significativa a la construcción de un futuro más equitativo y respetuoso con el medio ambiente y con todas nosotras.