La desigualdad de género sigue siendo un problema persistente en muchas sociedades, incluyendo la sociedad catalana. Esto significa que hay diferencias injustas y sistemáticas en las oportunidades, los recursos y los derechos entre hombres y mujeres. Esta desigualdad se manifiesta en ámbitos como el acceso al empleo, la brecha salarial, la representación política, entre otros.

Las desigualdades son intrínsecas al sistema capitalista, y en especial las de género. El sistema capitalista y el sistema patriarcal van de la mano; tanto la división sexual y social del trabajo, como la precariedad social y laboral son elementos esenciales para el desarrollo capitalista. El capitalismo se sostiene también sobre la base de trabajo reproductivo aislado de las mujeres.

¿Qué papel juegan o pueden jugar las administraciones públicas en las condiciones laborales de las mujeres? ¿Contribuyen a garantizar condiciones de trabajo dignas, a reducir la brecha salarial, a formar a la sociedad? ¿O por el contrario siguen contribuyendo a la desigualdad, aunque sea por omisión?

La contratación pública es el procedimiento por el que un ente del sector público selecciona a la persona física o jurídica que debe ejecutar una obra, prestar un servicio o suministrar un bien, para satisfacer una finalidad pública. Analizamos cifras para hacernos una idea del volumen.

La contratación pública en Cataluña por parte de la administración autonómica asciende a casi 5.500 millones de euros y la de entes locales a poco más de 7.200 millones de euros. . (Fuente. Las cifras de la contratación pública 2020, Oficina Independiente De Regulación Y Supervisión De La Contratación)

Más allá del debate de si la mejor manera de garantizar las condiciones laborales y de igualdades es la contratación pública (y, por tanto, la externalización) o la gestión propia por parte de la administración (la internalización o remunicipalización de los servicios), es evidente que hay una responsabilidad en cómo se gestionan estos contratos y con qué condiciones.

¿Qué mecanismos tiene la administración para trabajar para revertir la situación de desigualdad o al menos no contribuir a agravarla?

Para abordar esta desigualdad de género en la contratación pública, se han introducido cláusulas y medidas que buscan integrar la perspectiva de género en todos los aspectos del proceso de contratación. Esto implica considerar cómo las políticas y prácticas en la selección de la empresa contratista pueden afectar de manera diferencial a hombres y mujeres y tomar medidas para corregir posibles desequilibrios.

Así pues, existen diferentes maneras desde la contratación pública para intentar reducir la desigualdad entre hombres y mujeres.

Las cláusulas para la igualdad de género en los contratos tienen como objetivo principal eliminar las desigualdades de género en el mercado laboral y promover la igualdad entre hombres y mujeres. Estos criterios fomentan el acceso de las mujeres al trabajo en igualdad de condiciones, pueden incluir requisitos como la contratación de mujeres en sectores donde están infrarrepresentadas, un número específico de mujeres en la plantilla adscrita, igualdad en puestos de responsabilidad, planes de conciliación y otras acciones para conseguir estos objetivos.

Todo ello se puede hacer de diferentes maneras y desde diferentes partes del proceso de contratación. Se puede hacer desde la misma definición del objeto del contrato, a través de la solvencia técnica exigida para poder presentarse a la licitación. También como criterios de adjudicación valorable que la empresa puede decidir si lo cumplirá o no, pero le da ventaja cumplirlo. Igualmente, desde las condiciones especiales de ejecución que son obligatorias para la empresa adjudicataria que es quien ejecutará el contrato.

Los datos dicen que las medidas de igualdad de género han sido el tipo de cláusula social más incorporada, al estar presentes en el 70,6% de los contratos con cláusulas sociales y en el 60% de su importe adjudicado. Es decir, cuando se incorporan cláusulas sociales, esta es la más incorporada, pero ¿y en el resto de contratos? Pues no se incorpora ninguna medida. ¿Y qué tipo de medidas se aplican? Hay que tener en cuenta que no todas tienen el mismo impacto.

En conclusión, la desigualdad de género sigue siendo un problema persistente en Cataluña. La contratación pública puede ser una herramienta importante para abordar esta desigualdad, ya que tiene un impacto significativo en la sociedad porque involucra grandes cantidades de recursos económicos y tiene mecanismos que pueden ayudar.

¿Qué falta pues? Por un lado, la voluntad política y técnica explicita a la hora de licitar contratos para incluir y utilizar los mecanismos existentes que puedan contribuir a una mayor igualdad de derechos laborales y de participación. Pero también y más relevante que se pueda hacer un seguimiento del cumplimiento de las medidas a la empresa adjudicataria y eso quiere también recursos. Por otro lado, las empresas adjudicatarias deben ponerse al día y estar preparadas para cumplir con las medidas, y tener la responsabilidad de cumplirlas más allá del seguimiento que haga o no la administración pública.

Existen mecanismos desde el sector público para contribuir a una sociedad más igualitaria, no será la solución al problema estructural, pero pueden ayudar a reducirlo y a generar más conciencia. ¡Es un deber hacerlo!